CUSTODIA COMPARTIDA: ¿CUÁNDO PROCEDE?


Por todos es sabido que, en infinidad de ocasiones, los matrimonios y parejas llegan a su fin. Tras una crisis matrimonial, la situación puede desembocar en divorcio o separación. Además, no es menos frecuente que en este contexto haya uno o varios hijos menores, cuyos intereses son tenidos en cuenta de forma primordial por nuestro ordenamiento a la hora de decidir las medidas que regirán tras la ruptura de la pareja.

En particular, una de estas medidas gira en torno a cuál de los progenitores tendrá atribuida la guarda y custodia de los hijos. En este sentido, la Ley 30/1981 contemplaba únicamente la posibilidad de que la custodia se otorgara a uno solo de los padres, estableciéndose un régimen de visitas a favor del progenitor no custodio. No obstante, desde la aprobación de la Ley 15/2005, a través de la cual se introducía el régimen de custodia compartida con la nueva redacción del art. 92.5 CC, los jueces han tendido cada vez más a optar por esta solución, en aras de la estabilidad emocional del menor, hasta tal punto de que hoy en día se considera la solución normal en los casos de separación y divorcio. Así lo ha reconocido la doctrina más reciente del Tribunal Supremo cuando afirma que “la redacción del artículo 92 no permite concluir que se trate de una medida excepcional, sino que, al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea" (STS de 25 de abril 2014).
 
Como ya se ha adelantado anteriormente, es el interés superior del menor el que prima sobre el de los progenitores. Dicho interés ha sido interpretado por la LO 8/2015 en el sentido de que “se preservará el mantenimiento de sus relaciones familiares”, se protegerá “la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas y educativas como emocionales y afectivas”, se ponderará “el irreversible efecto del transcurso del tiempo en su desarrollo”, “la necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten...” y a que “la medida que se adopte en el interés superior del menor no restrinja o limite más derechos que los que ampara”.  

Teniendo esto en cuenta, la jurisprudencia ha venido considerando una serie de criterios recogidos en la STS 2246/2013 de 29 de abril de 2013, que se aplican como corresponda caso por caso. Estos son “la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada, aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven.”  

No obstante, como ya se ha dicho, se trata de una aplicación casuística de estas pautas, lo cual ha llevado, por ejemplo, a rechazar la custodia compartida en casos en los que los progenitores residen a cierta distancia el uno del otro, buscando la estabilidad del menor (STS de 10 de enero de 2018; STS de 18 de enero de 2018).

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